2025-2026
Puertas cerradas, ley en pie
Del fin de CBP One a la pausa de los expedientes: los cubanos en 2025 y 2026

Entre el 20 de enero de 2025 y noviembre de 2026, el Gobierno de Estados Unidos desmontó una tras otra las vías por las que los cubanos habían llegado en los años anteriores: las citas de CBP One, el parole humanitario con patrocinador, el programa de reunificación familiar y la entrada como inmigrantes. En la isla, el corte del petróleo y una cadena de apagones nacionales agravaron la crisis, y la propia estadística oficial cubana registró una pérdida de 313,414 habitantes solo en 20251. La Ley de Ajuste Cubano de 1966 no fue derogada ni enmendada. Lo que cambió fue todo lo que la rodea: quién puede llegar a cumplir sus requisitos, cuánto cuesta el trámite y cuánto tarda.
El mediodía del 20 de enero
A las doce del mediodía del 20 de enero de 2025, hora del Este, la aplicación CBP One dejó de servir para pedir cita en la frontera. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) retiró la función que permitía reservar turno en ocho puertos de entrada de la frontera sur y comunicó al día siguiente que todas las citas pendientes habían sido canceladas2.
Ese mismo día el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14165, Securing Our Borders (Asegurar nuestras fronteras), cuya sección 7 ordenaba al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) «terminate all categorical parole programs that are contrary to the policies of the United States» (poner fin a todos los programas de parole por categorías contrarios a la política de Estados Unidos)3. También firmó la Proclamación 10886, que declaró una emergencia nacional en la frontera sur4. El 24 de enero el DHS publicó un aviso que devolvía la deportación expedita (expedited removal) a su máxima extensión legal: desde las seis de la tarde del 21 de enero podía aplicarse en cualquier parte del país a quien no probara llevar al menos dos años en Estados Unidos5.
Para los cubanos, la combinación tenía un sentido preciso. La Ley de Ajuste exige haber sido «inspected and admitted or paroled» (inspeccionado y admitido o con parole) y haber estado presente en el país al menos un año6. Las vías abiertas en 2023 y 2024, el parole humanitario con patrocinador y las citas de CBP One, producían justamente ese parole (véase El parole humanitario). Cerrarlas no tocaba la ley, pero estrechaba la puerta por la que se llegaba a ella.
El fin del parole humanitario
El 25 de marzo de 2025 el Federal Register, el diario oficial del Gobierno federal, publicó el aviso con el que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, terminó los programas de parole para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, conocidos como CHNV. Según el propio aviso, unas 532,000 personas habían recibido parole por esos programas entre octubre de 2022 y el 22 de enero de 2025. Los programas quedaban cerrados ese día, y el parole de quienes estaban en el país y no hubiera vencido antes del 24 de abril de 2025 terminaría en esa fecha, salvo decisión individual en contrario. El DHS anunció que daría prioridad para la deportación a quienes no hubieran presentado antes una solicitud de beneficio migratorio, como el ajuste de estatus, y aclaró que quienes ya tuvieran un estatus legal no estaban obligados a irse7.
Para los cubanos que habían llegado con ese parole, la diferencia entre quedarse y quedar expuestos dependía del calendario: quien ya había cumplido un año en el país podía pedir la residencia bajo la Ley de Ajuste; quien no lo había cumplido podía perder el parole antes de llegar a ese plazo.
La terminación fue impugnada en Boston. En abril de 2025 la jueza federal Indira Talwani, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, certificó una clase de beneficiarios y suspendió la terminación en lo que revocaba paroles ya concedidos. El Gobierno acudió al Tribunal Supremo, que el 30 de mayo de 2025 dejó en suspenso esa orden mientras durara la apelación. La jueza Ketanji Brown Jackson, a quien se sumó la jueza Sonia Sotomayor, escribió en su voto disidente que la mayoría subestimaba las consecuencias de «upend the lives and livelihoods of nearly half a million noncitizens» (trastocar las vidas y el sustento de casi medio millón de no ciudadanos) mientras sus reclamos seguían pendientes8. El 12 de septiembre de 2025 el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, en una opinión del juez Gustavo Gelpí, anuló la suspensión dictada por Talwani y devolvió el caso al tribunal de distrito9.
CBP One: la terminación por correo electrónico
La segunda terminación llegó por correo electrónico. En abril de 2025 muchas de las personas que habían entrado con cita de CBP One recibieron un mensaje titulado «Notice of Termination of Parole» que empezaba así: «It is time for you to leave the United States» (es hora de que salga de Estados Unidos). Les daba siete días10.
Una demanda colectiva presentada en agosto de 2025 en Massachusetts por migrantes de Venezuela, Cuba y Haití y por una asociación venezolana prosperó el 31 de marzo de 2026. La jueza Allison D. Burroughs certificó una clase formada por quienes pidieron cita por CBP One, recibieron parole entre el 16 de mayo de 2023 y el 19 de enero de 2025, perdieron ese parole por el correo de abril de 2025 y seguían en el país; los demandantes calculaban que podía abarcar a más de 900,000 personas. La jueza anuló esas terminaciones con base en la Ley de Procedimiento Administrativo y ordenó devolver a los miembros de la clase el parole que tenían antes del correo10.
El efecto duró tres semanas. Para entonces el DHS tenía nuevo titular: tras la salida de Noem, el Senado confirmó el 23 de marzo de 2026, por 54 votos contra 45, al senador republicano de Oklahoma Markwayne Mullin, que juró el cargo al día siguiente11. Para cumplir la sentencia, el DHS elaboró una lista inicial de unas 613,000 personas12. El 21 de abril de 2026 el Gobierno informó al tribunal de que los paroles quedaban restablecidos y de que ese mismo día el comisionado de CBP había firmado un memorando según el cual el propósito de esos paroles ya se había cumplido; con base en él se enviarían avisos individuales de terminación13. La jueza negó el 27 de abril una suspensión urgente de las nuevas terminaciones y, el 15 de julio, rechazó la moción de los demandantes para hacer cumplir su sentencia, aunque anunció que obligaría al Gobierno a notificar a los miembros de la clase y a documentar cómo deshacía las consecuencias de las terminaciones anuladas en sus trámites de asilo y otros procesos migratorios12.
El último programa familiar
El 15 de diciembre de 2025 el DHS terminó los programas de parole de reunificación familiar, entre ellos el Programa de Reunificación Familiar Cubano (CFRP), creado en 2007 en parte para cumplir el compromiso de los acuerdos migratorios con Cuba de permitir la migración legal de al menos 20,000 cubanos al año (véase La crisis de los balseros). El aviso cifró en unos 1,060 los cubanos que seguían en Estados Unidos con un parole vigente del CFRP original, sin contar a los llegados con la versión modernizada en 2023, y en más de 15,000 las solicitudes iniciales pendientes de aquel programa. Ese parole terminaría el 14 de enero de 2026, salvo para quien tuviera pendiente una solicitud de residencia (formulario I-485) presentada a más tardar el 15 de diciembre o recibiera una decisión individual favorable del secretario14.
La prohibición de viaje y la pausa de los expedientes
El 4 de junio de 2025 Trump firmó la Proclamación 10949, que desde el 9 de junio suspendió por completo la entrada de nacionales de doce países y parcialmente la de otros siete, Cuba entre ellos. La proclamación justificó la medida con la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, la falta de cooperación policial y el hecho de que el país «has historically refused to accept back its removable nationals» (históricamente se ha negado a recibir a sus nacionales deportables). Suspendió la entrada de cubanos como inmigrantes y con visas de turismo, negocios, estudio e intercambio, mantuvo como excepción las visas de inmigrante de familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses y aclaró que no limitaba el derecho a pedir asilo15. El 16 de diciembre de 2025 la Proclamación 10998 mantuvo a Cuba en la lista de restricción parcial, añadió países y sustituyó la lista de excepciones por otra que ya no incluía las visas de familiares inmediatos. Entró en vigor el 1 de enero de 202616.
La proclamación regía la entrada al país, pero su lista de países pasó a usarse dentro de él. El 2 de diciembre de 2025 el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) emitió el memorando PM-602-0192, que con efecto inmediato puso en espera todas las solicitudes de asilo, de cualquier nacionalidad, y las solicitudes de beneficios de las personas nacidas en alguno de los diecinueve países de la Proclamación 10949 o con su ciudadanía, «regardless of entry date» (sin importar la fecha de entrada). El primer formulario de la lista era el I-485, la solicitud de residencia que presentan quienes se acogen a la Ley de Ajuste. El memorando ordenaba además revisar de nuevo, con posible entrevista, los beneficios ya aprobados a nacionales de esos países llegados desde el 20 de enero de 202117. El 1 de enero de 2026 el memorando PM-602-0194 extendió la espera a los países de la Proclamación 10998 y la definió: un caso podía tramitarse hasta el final, pero no decidirse18.
El 5 de junio de 2026 el juez principal del Tribunal de Distrito de Rhode Island, John J. McConnell Jr., declaró ilegales y anuló las cuatro políticas impugnadas: la espera de beneficios, la espera global de asilos, la nueva revisión de lo aprobado y la de «factores específicos del país». La sentencia describe, entre los afectados, a clientes y miembros de las organizaciones demandantes procedentes de Cuba y de otros países con solicitudes de asilo, residencia o permiso de trabajo detenidas19. El Gobierno apeló al Primer Circuito y pidió suspender la sentencia mientras tanto; el 15 de julio de 2026 el juez McConnell se negó20.
El I-220A ante los tribunales
Ningún asunto jurídico ha ocupado tanto a la comunidad cubana llegada en los últimos años como el formulario I-220A, la orden de libertad bajo palabra (Order of Release on Recognizance) que recibieron muchos de los cubanos que cruzaron la frontera sur durante el éxodo de 2021-2023 (véase Parole e I-220A). La pregunta es si esa liberación cuenta como parole para la Ley de Ajuste. El 11 de septiembre de 2023, en Matter of Cabrera-Fernandez, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) respondió que no: el «parole condicional» (conditional parole) del artículo 236(a)(2)(B) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) es «legally distinct» (legalmente distinto) del parole humanitario del artículo 212(d)(5)(A), y quien lo recibe no ha sido «inspected and admitted or paroled»21. El 20 de junio de 2025, en Matter of Roque-Izada, la BIA añadió que un juez de inmigración no debe cerrar un proceso de deportación para que un cubano pida el ajuste ante USCIS por la mera posibilidad de que USCIS le conceda un parole más adelante22.
Entretanto, el Gobierno cambió su lectura de las leyes de detención, y eso alteró la discusión. El 15 de mayo de 2025, en Matter of Q. Li, la BIA decidió que quien es arrestado sin orden de arresto al llegar al país, por un puerto de entrada o fuera de él, queda detenido bajo el artículo 235(b) de la INA y no puede salir bajo fianza, y que si recibe parole y se le termina vuelve a esa custodia23. Según el Servicio de Investigación del Congreso (CRS), que cita informaciones de prensa, el 8 de julio de 2025 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una guía provisional que extendió la detención obligatoria a todas las personas presentes en el país sin haber sido admitidas24. El 5 de septiembre de 2025, en Matter of Yajure Hurtado, la BIA confirmó esa lectura: los jueces de inmigración no pueden conceder fianza a quienes están en el país sin haber sido admitidos25. Según Cabrera-Fernandez, quienes salieron con una liberación del artículo 236, la que documenta el I-220A, no habían sido admitidos ni habían recibido parole: estaban, por tanto, en esa categoría. Pero el argumento tenía otra cara, que los propios cubanos plantearon ante los tribunales: si habían estado detenidos desde el principio bajo el artículo 235, su liberación tenía que haber sido un parole26.
Esa tensión llegó al Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta y competencia sobre Florida. En dos casos de familias cubanas a las que la BIA había negado el ajuste con base en Cabrera-Fernandez, el Gobierno cambió de posición en julio de 2025 y sostuvo que los peticionarios habían estado detenidos bajo el artículo 235(a), aunque siguió pidiendo que se rechazaran sus peticiones porque solo se habían beneficiado de un error del DHS. El 23 de febrero de 2026 el tribunal anuló las órdenes de la BIA y le devolvió los dos casos con cuatro razones: el cambio de posición del Gobierno, los nuevos precedentes de la propia BIA sobre el artículo 235, la división entre los tribunales de apelaciones sobre qué artículo rige estas detenciones y el rechazo de la nueva postura del Gobierno por la mayoría de los tribunales de distrito26. La sentencia no declaró que el I-220A sea un parole ni concedió la residencia a nadie, y lleva la indicación «Not for publication», de modo que no es un precedente vinculante. Lo que hizo fue obligar a la BIA a decidir de nuevo esos dos casos a la luz de sus propias decisiones recientes.
La cuestión de fondo sobre la detención llegó al Tribunal Supremo. El 1 de octubre de 2026 aceptó revisar el caso Rhoney v. Barbosa da Cunha (núm. 26-104), en el que se discute si el artículo 235(b)(2)(A) obliga a detener sin fianza durante todo el proceso a quienes viven en el país sin haber sido admitidos27. El caso no trata del I-220A ni de la Ley de Ajuste, pero el Supremo interpretará el mismo artículo del que depende buena parte de esa discusión.
Tasas, beneficios y carga pública
El 4 de julio de 2025 Trump firmó la ley de reconciliación presupuestaria H.R. 1 (Ley Pública 119-21), que la Cámara de Representantes había llamado One Big Beautiful Bill Act, aunque el texto promulgado no conserva ese título. La ley creó nuevas tasas migratorias. Las de parole, asilo y permiso de trabajo no pueden dispensarse ni reducirse: 1,000 dólares por cada parole concedido, 550 por el primer permiso de trabajo de un parolado o de un solicitante de asilo, y 100 al pedir asilo y otros 100 por cada año en que la solicitud siga pendiente. Otra tasa, de 1,500 dólares, grava el ajuste de estatus pedido ante un tribunal de inmigración. La tasa de parole tiene diez excepciones y la novena exime a quien tenga el estatus de entrante cubano o haitiano (Cuban and Haitian entrant) definido en la sección 501(e) de la Ley de Asistencia Educativa para Refugiados de 1980. La tasa de ajuste ante el tribunal no tiene excepción para cubanos28. Las cifras se actualizan cada año por inflación: la de parole pasó a 1,020 dólares el 1 de enero de 2026 y a 1,050 el 16 de octubre de 202629, y la de ajuste ante el tribunal llegó a 1,590 dólares el 1 de octubre de 202630.
La misma ley reescribió quién puede recibir cupones de alimentos (SNAP), Medicaid, Medicare y los créditos fiscales del seguro médico. En las cuatro listas nuevas solo figuran los ciudadanos, los residentes permanentes, los ciudadanos de los Estados Libremente Asociados del Pacífico y los entrantes cubanos y haitianos; los parolados, los refugiados y los asilados quedan fuera. En Medicaid, el cambio rige desde el 1 de octubre de 202628. La excepción cubana tiene su historia: la versión aprobada por la Cámara en mayo de 2025 la limitaba a los cubanos con una petición familiar aprobada que estaban en el país con un parole concedido para cumplir los acuerdos migratorios de 1994 y 1995, el perfil del programa de reunificación familiar, y fue el texto final el que la extendió a toda la categoría de entrantes cubanos y haitianos31. La definición legal de esa categoría incluye a los nacionales de Cuba que entraron con parole y no han adquirido otro estatus, a los que están en proceso de deportación sin orden final y a los que tienen una solicitud de asilo pendiente32.
La otra pieza fue la carga pública, la causal que permite negar la residencia a quien se considere probable que dependa de ayudas del Estado. El DHS propuso una regla nueva el 19 de noviembre de 202533 y la publicó como definitiva el 20 de julio de 2026, firmada por el secretario Markwayne Mullin, para las solicitudes de ajuste presentadas desde el 18 de septiembre de 2026. La regla eliminó del reglamento federal las secciones 212.20 a 212.23 del título 8 del Código de Reglamentos Federales, incluida la lista de exenciones que mencionaba de forma expresa a quienes piden el ajuste bajo la Ley de Ajuste Cubano3435. Ante los comentarios de quienes temían por los cubanos, el DHS respondió que, aunque quitaba esa lista, «the statutory exemptions created by Congress for certain Cuban and Haitian applicants for adjustment of status continue to exist» (las exenciones legales creadas por el Congreso para ciertos cubanos y haitianos que piden el ajuste siguen existiendo)34. El 14 de septiembre de 2026, veintidós estados y el Distrito de Columbia demandaron al DHS en Nueva York para anular la regla36.
Deportaciones a Cuba y a terceros países
Las deportaciones directas a Cuba siguieron siendo pocas. Según el último informe anual publicado por ICE, el de 2024, las remociones de cubanos pasaron de 48 en el año fiscal 2022 a 371 en 2023 y a 657 en 2024; al cierre de ese año, 539,400 cubanos figuraban en el registro de casos de ICE de personas no detenidas37. El Ministerio del Interior cubano, citado por EFE, informó de que en 2025 la isla recibió 1,669 migrantes devueltos desde Estados Unidos y otros países de la región; el 9 de febrero de 2026 aterrizó en La Habana un vuelo con 170 deportados38.
La novedad fue la deportación a terceros países. Según un análisis de Human Rights Watch sobre datos de ICE, entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026 Estados Unidos deportó a más de 18,000 personas a países que no eran el suyo, casi 13,000 de ellas a México, y los cubanos fueron el grupo mayor: 4,353 enviados a México. De ellos, el 55 por ciento tenía una condena previa en Estados Unidos, el 16 por ciento cargos pendientes y el 26 por ciento ningún antecedente39. La misma organización identificó en los datos de ICE a cubanos en vuelos de expulsión a Sudán del Sur, Esuatini y Ruanda en 2025 y a la República Centroafricana en 2026, once en total en los vuelos que pudo cotejar40.
La isla a oscuras
Las razones para salir de Cuba se agravaron. La isla sufrió un apagón nacional el 10 de septiembre de 2025, el quinto en menos de un año según Al Jazeera41, y el 29 de octubre el huracán Melissa tocó tierra en el oriente del país, cerca de Chivirico, como tormenta de categoría 342.
En enero de 2026 llegó el corte del petróleo. Una operación militar estadounidense derrocó a Nicolás Maduro, trasladado a Estados Unidos el 3 de enero, y Trump dijo que no iría más crudo venezolano a Cuba4344. El 29 de enero firmó la Orden Ejecutiva 14380, que declaró una emergencia nacional y autorizó aranceles a los productos de cualquier país que vendiera o suministrara petróleo a Cuba; el texto acusaba al gobierno cubano de desestabilizar la región «through migration and violence» (mediante la migración y la violencia)45. Según AP, la petrolera estatal mexicana Pemex había enviado a la isla casi 20,000 barriles diarios entre enero y septiembre de 202543. La vía arancelaria duró tres semanas: el 20 de febrero el Tribunal Supremo resolvió en Learning Resources, Inc. v. Trump que la ley de poderes económicos de emergencia (IEEPA) no autoriza al presidente a imponer aranceles, y ese mismo día la Orden Ejecutiva 14389 dejó sin efecto los derechos adicionales previstos en la 14380, aunque mantuvo la emergencia nacional4647.
Al 30 de enero, según datos de la firma Kpler citados por Al Jazeera, a Cuba le quedaba petróleo para entre quince y veinte días al ritmo de consumo de entonces48. En marzo de 2026 la red eléctrica nacional volvió a caer varias veces; el presidente Miguel Díaz-Canel había dicho que la isla llevaba tres meses sin recibir petróleo de proveedores extranjeros, y CBS News informó de protestas en los días anteriores49. Según EFE, que citaba al Ministerio de Energía y Minas, la caída total del sistema eléctrico del 18 de septiembre de 2026 fue la octava del año y dejó sin corriente a más de nueve millones de personas50.
La emigración se ve en el padrón. La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) informó en julio de 2026 que Cuba cerró 2025 con 9,434,593 habitantes, 313,414 menos que un año antes, con 136,214 defunciones frente a 68,064 nacimientos y un saldo migratorio negativo de 245,264 personas1. Un demógrafo independiente, Juan Carlos Albizu-Campos, calcula una caída mayor: estimó que a finales de 2024 la población ya había bajado a unos 8 millones, un 24 por ciento menos que a finales de 202051.
La presión sobre La Habana
La política de sanciones también se endureció, y dejó dos mensajes sobre la migración. El 30 de junio de 2025 Trump firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 5 (NSPM-5), que restableció con cambios la política de 2017, ordenó prohibir las transacciones con el conglomerado militar GAESA y dejó fuera de la prohibición las remesas autorizadas. Una de sus directrices mira al pasado: «Not reinstate the “Wet Foot, Dry Foot” policy» (no restablecer la política de «pies secos, pies mojados»), a la que el memorando acusa de haber animado a miles de cubanos a arriesgar la vida (véase Pies secos, pies mojados)52. El 1 de mayo de 2026 la Orden Ejecutiva 14404 amplió la emergencia de enero con sanciones de bloqueo contra quienes operen en los sectores de energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad de la economía cubana53, y en junio el Departamento de Estado incluyó en la lista de sancionados al propio Díaz-Canel54. El 30 de septiembre de 2026 entraron en vigor reglas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que prohíben también las transacciones indirectas con las entidades de la lista restringida y eliminan los viajes grupales «pueblo a pueblo»; la licencia general para las remesas familiares no se modificó55.
Las cifras
La caída de las llegadas fue abrupta. Los encuentros de cubanos con CBP, que cuentan tanto a quienes se presentaron en un puerto de entrada como a quienes fueron detenidos al cruzar, bajaron de 217,615 en el año fiscal 2024 a 33,056 en el de 202556. Casi todos los de 2025 se registraron al principio del año fiscal: 31,863 entre octubre de 2024 y enero de 2025, y desde febrero de 2025 menos de 230 al mes56. En el año fiscal 2026, CBP anunció con datos preliminares el total más bajo de su historia para todas las nacionalidades, 379,243 encuentros en todo el país57; su archivo de datos registra 1,865 encuentros de cubanos en ese año56. En el mar, la Guardia Costera repatrió a Cuba a 6,618 personas en el año fiscal 2023, a 749 en 2024 y a 103 entre octubre de 2024 y el 20 de mayo de 202558.
| Indicador | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2025 |
|---|---|---|
| Encuentros de cubanos con CBP56 | 217,615 | 33,056 |
| Cubanos que obtuvieron la residencia permanente59 | 178,130 | 84,820 |
| De ellos, por ajuste de estatus en Estados Unidos59 | 155,630 | 72,430 |
| Cubanos naturalizados59 | 32,920 | 38,920 |
| Remociones de cubanos por ICE37 | 657 | sin informe anual publicado |
Las residencias concedidas a cubanos también cayeron dentro del año fiscal 2025: unas 62,600 entre octubre de 2024 y marzo de 2025 y unas 22,300 entre abril y septiembre, según las tablas trimestrales del DHS, que redondean a la decena59. En Estados Unidos, la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo estimó para 2025 un total de 3,082,802 personas de origen cubano y 1,799,047 nacidas en Cuba, frente a 2,948,426 y 1,688,798 en 2024, con márgenes de error de entre 38,000 y 56,000 personas60.
La Ley de Ajuste en el Congreso
Mientras todo cambiaba a su alrededor, la Ley de Ajuste siguió igual. La versión en línea del Código de Estados Unidos que publica la Oficina del Consejero de Revisión de Leyes (OLRC), actualizada hasta la Ley Pública 119-138 del 3 de noviembre de 2026, la reproduce con su última enmienda, de 2006, y con la cláusula de 1996 según la cual solo quedará derogada cuando el presidente determine que en Cuba hay un gobierno elegido democráticamente6.
En el 119.º Congreso (2025-2026), cuatro proyectos de ley citan la Ley de Ajuste, un quinto afecta a su cláusula de derogación y ninguno ha pasado de la presentación. El único que la deroga es el S. 4983, Harry Reid Immigration Stabilization Act, presentado el 15 de julio de 2026 por el senador republicano Bernie Moreno, de Ohio, cuya sección 202(a) dispone que la Ley Pública 89-732 «is repealed» (queda derogada); ese mismo día fue remitido al Comité Judicial del Senado61. En sentido contrario, la DIGNIDAD (Dignity) Act of 2025 (H.R. 4393), presentada el 15 de julio de 2025 por la congresista republicana de Florida María Elvira Salazar, establece que, para aplicar la Ley de Ajuste, quien fue liberado por ICE con una orden de libertad bajo palabra a más tardar el 31 de enero de 2023 «shall be considered to have been paroled» (se considerará que recibió parole). Abordaría por ley parte del problema del I-220A, aunque no nombra el formulario y deja fuera a quienes fueron liberados después de esa fecha; sigue en un subcomité desde el 16 de julio de 202562. Otros dos, el H.R. 6565 y el S. 3419, presentados el 10 de diciembre de 2025, añadirían a la pareja permanente junto al cónyuge entre los beneficiarios de la ley63. El quinto, el H.R. 7521 (United States-Cuba Trade Act of 2026), presentado el 12 de febrero de 2026 por el congresista demócrata de Massachusetts James P. McGovern para levantar el embargo, derogaría entre otras normas la sección 606 de la Ley Pública 104-208, la cláusula de 1996 que liga el fin de la Ley de Ajuste a la llegada de un gobierno elegido democráticamente en Cuba; ese mismo día fue remitido a varios comités de la Cámara64.
Dónde estamos hoy
Estado a 11 de noviembre de 2026.
La Ley de Ajuste Cubano sigue vigente con el mismo texto. El único proyecto presentado para derogarla no ha pasado de su remisión al comité, y tampoco el que trataría como parolados a parte de los cubanos con I-220A6162.
Las vías de parole que funcionaban en 2023 y 2024 están cerradas: el programa CHNV desde marzo de 2025 y el de reunificación familiar desde diciembre de 2025. Los paroles de CBP One que la jueza Burroughs restableció en marzo de 2026 volvieron a terminarse con el memorando de CBP del 21 de abril, y el litigio sigue: el 28 de septiembre de 2026 la jueza dictó una orden de sanciones que obliga al Gobierno a entregar a los abogados de los demandantes la lista de miembros de la clase y a identificar a quienes sufrieron consecuencias adversas65.
Cuba sigue en la lista de restricción parcial de entrada de la Proclamación 1099816. Las políticas de USCIS que congelaron los expedientes de los nacionales de esos países fueron anuladas en junio de 2026; el Gobierno apeló, y USCIS indica en los dos memorandos que ya no están en vigor «due to court orders» (debido a órdenes judiciales)20.
Ni la BIA ni el Undécimo Circuito han declarado que el I-220A equivalga a un parole. Las listas oficiales de decisiones precedentes de la BIA (volúmenes 29 y 30) no registran ninguna que modifique Cabrera-Fernandez66; los dos casos devueltos por el Undécimo Circuito volvieron a la Junta, y el Tribunal Supremo tiene pendiente Rhoney v. Barbosa da Cunha, sobre el alcance del artículo de la ley en torno al que gira buena parte de la discusión27.
La regla de carga pública está en vigor desde el 18 de septiembre de 2026, con la afirmación del DHS de que la exención de quienes piden el ajuste bajo la Ley de Ajuste sigue en pie, y con una demanda de veintidós estados pendiente en Nueva York3436.
En la isla, la población oficial bajó en 313,414 personas en 20251, y el sistema eléctrico había caído por completo ocho veces en 2026 hasta el 18 de septiembre, según EFE50. Al otro lado del estrecho, los encuentros de cubanos con CBP, que habían sido 217,615 en el año fiscal 2024, bajaron a 33,056 en el de 2025 y a 1,865 en el de 202656.
Página actualizada el 11 de noviembre de 2026.
Notas y fuentes
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Thalía Fuentes Puebla, «Cuba cerró 2025 con 9 434 593 habitantes y mantiene tendencia al decrecimiento poblacional», Cubadebate, reproducido por la emisora CMHW, 22 de julio de 2026, con datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). https://www.cmhw.cu/nacionales/cuba-cerro-2025-con-9-434-593-habitantes-y-mantiene-tendencia-al-decrecimiento-poblacional. Véanse también EFE, «Cerca de 250.000 personas emigraron de Cuba en 2025, según cifras oficiales», Swissinfo, 21 de julio de 2026, https://www.swissinfo.ch/spa/cerca-de-250.000-personas-emigraron-de-cuba-en-2025%2C-seg%C3%BAn-cifras-oficiales/91781384, y AFP, «Cuba's population slide continued in 2025 to 9.4 mn», Arab News, 22 de julio de 2026, https://www.arabnews.pk/node/2651891/world volver volver volver
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U.S. Customs and Border Protection, «CBP Removes Scheduling Functionality in CBP One™ App», comunicado del 21 de enero de 2025. https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-removes-scheduling-functionality-cbp-one-app volver
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Proclamación 10886, «Declaring a National Emergency at the Southern Border of the United States», 20 de enero de 2025, 90 Fed. Reg. 8327 (29 de enero de 2025). https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-01-29/pdf/2025-01948.pdf volver
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Tribunal Supremo de Estados Unidos, Noem v. Doe, núm. 24A1079, orden del 30 de mayo de 2025, con el voto disidente de la jueza Jackson. https://www.supremecourt.gov/opinions/24pdf/24a1079_p86b.pdf volver
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Kaia Hubbard y Kathryn Watson, «Markwayne Mullin sworn in as DHS secretary after Senate confirmation», CBS News, 24 de marzo de 2026, https://www.cbsnews.com/news/markwayne-mullin-confirmed-dhs-secretary-senate; The White House, «Secretary Markwayne Mullin Is Ready to Deliver on President Trump’s Agenda», 24 de marzo de 2026, https://www.whitehouse.gov/articles/2026/03/secretary-markwayne-mullin-is-ready-to-deliver-on-president-trumps-agenda/ volver
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Department of Homeland Security, «Termination of Family Reunification Parole Processes for Colombians, Cubans, Ecuadorians, Guatemalans, Haitians, Hondurans, and Salvadorans», 90 Fed. Reg. 58032 (15 de diciembre de 2025). https://www.federalregister.gov/documents/2025/12/15/2025-22744/termination-of-family-reunification-parole-processes-for-colombians-cubans-ecuadorians-guatemalans volver
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Proclamación 10949, «Restricting the Entry of Foreign Nationals To Protect the United States From Foreign Terrorists and Other National Security and Public Safety Threats», 4 de junio de 2025, 90 Fed. Reg. 24497 (10 de junio de 2025), secciones 2, 3(b), 4(b), 6(d) y 8. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-06-10/pdf/2025-10669.pdf volver
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Proclamación 10998, «Restricting and Limiting the Entry of Foreign Nationals To Protect the Security of the United States», 16 de diciembre de 2025, 90 Fed. Reg. 59717 (19 de diciembre de 2025), secciones 3, 6 y 10. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-12-19/pdf/2025-23570.pdf volver volver
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U.S. Citizenship and Immigration Services, memorando PM-602-0192, «Hold and Review of all Pending Asylum Applications and all USCIS Benefit Applications Filed by Aliens from High-Risk Countries», 2 de diciembre de 2025, copia publicada por AILA (doc. 25120361). https://assets.aila.org/files/fabb8870-5466-4dc2-ae58-3bf04e2cbf3b/25120362.pdf volver
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U.S. Citizenship and Immigration Services, memorando PM-602-0194, «Hold and Review of USCIS Benefit Applications Filed by Aliens from Additional High-Risk Countries», 1 de enero de 2026, nota 2, copia publicada por AILA (doc. 26010531). https://assets.aila.org/files/dbed5cde-2ec8-4119-b256-c76ce5067761/26010531.pdf volver
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Tribunal de Distrito de Rhode Island, Dorcas International Institute of Rhode Island v. U.S. Citizenship and Immigration Services, núm. 1:26-cv-00132-JJM-PAS, Memorandum and Order (documento 28), 5 de junio de 2026. https://ecf.rid.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2026cv0132-28 volver
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Tribunal de Distrito de Rhode Island, Dorcas International Institute of Rhode Island v. U.S. Citizenship and Immigration Services, núm. 1:26-cv-00132-JJM-PAS, Order (documento 51), 15 de julio de 2026, que deniega la suspensión y menciona la apelación núm. 26-1703 ante el Primer Circuito. https://ecf.rid.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2026cv0132-51; U.S. Citizenship and Immigration Services, memorandos PM-602-0192 y PM-602-0194 en uscis.gov, con la leyenda «This memorandum is no longer in effect due to court orders», copia de Internet Archive del 3 de noviembre de 2026, https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/policy-alerts/PM-602-0192-PendingApplicationsHighRiskCountries-20251202.pdf y https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/policy-alerts/PM-602-0194-PendingApplicationsAdditionalHighRiskCountries-20260101.pdf volver volver
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Matter of Cabrera-Fernandez, 28 I&N Dec. 747 (BIA 2023), decidido el 11 de septiembre de 2023. https://www.justice.gov/eoir/media/1320131/dl?inline= volver
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Matter of Roque-Izada, 29 I&N Dec. 106 (BIA 2025), decidido el 20 de junio de 2025. https://www.justice.gov/eoir/media/1404086/dl?inline= volver
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Matter of Q. Li, 29 I&N Dec. 66 (BIA 2025), decidido el 15 de mayo de 2025. https://www.justice.gov/eoir/media/1400431/dl?inline= volver
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Congressional Research Service, «Mandatory Detention During Removal Proceedings: Circuit Split», Legal Sidebar LSB11438, actualizado el 3 de septiembre de 2026. https://www.everycrsreport.com/files/2026-09-03_LSB11438_8fa1483a24aa640205b2743c33a192b05c76edb7.pdf volver
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Matter of Yajure Hurtado, 29 I&N Dec. 216 (BIA 2025), decidido el 5 de septiembre de 2025. https://www.justice.gov/eoir/media/1413311/dl?inline= volver
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Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, Labrada-Hechavarria v. U.S. Attorney General, núms. 23-13664 y 24-10645 (consolidados), opinión per curiam no publicada del 23 de febrero de 2026. https://cases.justia.com/federal/appellate-courts/ca11/23-13664/23-13664-2026-02-23.pdf volver volver
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Tribunal Supremo de Estados Unidos, lista de órdenes del 1 de octubre de 2026, núm. 26-104, Rhoney v. Barbosa da Cunha, https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/100126zr_6j37.pdf, y pregunta planteada («Whether 8 U.S.C. 1225(b)(2)(A) mandates the detention pending removal proceedings of aliens who, like respondent, are present in the United States without having been admitted»), https://www.supremecourt.gov/qp/26-00104qp.pdf; Michael Kunzelman, Associated Press, «Supreme Court grants review of Trump administration's mandatory detention policy for immigrants», reproducido por WLRN, 1 de octubre de 2026, https://www.wlrn.org/light/immigration/2026-10-01/supreme-court-grants-review-of-trump-administrations-mandatory-detention-policy-for-immigrants volver volver
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Ley Pública 119-21 (H.R. 1), 139 Stat. 72, 4 de julio de 2025: secciones 100002 a 100013 (tasas; excepción de la sección 100004(b)(9)), 10108 (SNAP), 71109 (Medicaid), 71201 (Medicare) y 71301 (crédito fiscal). https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-119publ21/pdf/PLAW-119publ21.pdf volver volver
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Department of Homeland Security, «Immigration Parole Fee Required by HR-1 Reconciliation Bill», 90 Fed. Reg. 48317 (16 de octubre de 2025), https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-10-16/pdf/2025-19564.pdf; avisos de ajuste por inflación para los años fiscales 2026 (90 Fed. Reg. 52085, 19 de noviembre de 2025), https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-11-19/pdf/2025-20304.pdf, y 2027 (91 Fed. Reg. 62534, 1 de octubre de 2026), https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2026-10-01/pdf/2026-20185.pdf volver
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Juan Carlos Albizu-Campos Espiñeira, «Cuba: ¿Crisis demográfica o sistémica?», 2025, citado en «La población de Cuba cayó un 24 % en cuatro años, según un estudio independiente», OnCuba, 25 de marzo de 2025. https://oncubanews.com/cuba/estudio-reduce-la-poblacion-de-cuba-a-8-millones-tras-una-caida-del-24-en-cuatro-anos volver
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DHS Office of Homeland Security Statistics, Legal Immigration and Adjustment of Status Report, años fiscales 2024 y 2025, tablas 1A y 3, redondeadas a la decena. https://OHSS.DHS.gov/system/files/2026-06/2026_0604_ohss_legal-immigration-adjustment-of-status-fy-2025q4.xlsx volver volver volver volver
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H.R. 4393, 119.º Congreso, DIGNIDAD (Dignity) Act of 2025, texto presentado el 15 de julio de 2025, sección 1503(e), https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-119hr4393ih/xml/BILLS-119hr4393ih.xml; estado del proyecto (última acción, 16 de julio de 2025), https://www.govinfo.gov/bulkdata/BILLSTATUS/119/hr/BILLSTATUS-119hr4393.xml volver volver
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H.R. 6565, 119.º Congreso, Reuniting Families Act, sección 222, https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-119hr6565ih/xml/BILLS-119hr6565ih.xml; y S. 3419, https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-119s3419is/xml/BILLS-119s3419is.xml; ambos presentados el 10 de diciembre de 2025. volver
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H.R. 7521, 119.º Congreso, United States-Cuba Trade Act of 2026, texto presentado el 12 de febrero de 2026, sección 2(e)(2)(B), https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-119hr7521ih/xml/BILLS-119hr7521ih.xml; estado del proyecto (última acción, 12 de febrero de 2026), https://www.govinfo.gov/bulkdata/BILLSTATUS/119/hr/BILLSTATUS-119hr7521.xml volver
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Tribunal de Distrito de Massachusetts, Doe v. U.S. Department of Homeland Security, núm. 1:25-cv-12245-ADB, Memorandum and Order (documento 74), 28 de septiembre de 2026. https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.mad.287744/gov.uscourts.mad.287744.74.0.pdf volver
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Executive Office for Immigration Review, «Volume 29» y «Volume 30» de las decisiones precedentes (hasta 29 I&N Dec. 865 y 30 I&N Dec. 228), consultados el 11 de noviembre de 2026; se revisaron los sumarios, no el texto completo de cada decisión. https://www.justice.gov/eoir/volume-29 y https://www.justice.gov/eoir/volume-30 volver